A 45 años del golpe: el debate histórico siempre necesario

Por: Gonzalo Martner.

Pasado un tiempo desde el enojoso episodio del nombramiento y destitución de Mauricio Rojas, parece quedar una lección: en la imperfecta esfera pública del Chile de hoy cabe asumir todas las consecuencias de la verdad histórica. En primer lugar, aunque cabe lamentar toda muerte violenta ocurrida en el país por razones políticas, corresponde inclinarse con respeto frente a los que perdieron la vida o sufrieron gravemente por las acciones de los agentes del Estado en la dictadura de 1973-1989.  Es lo menos que los diversos actores políticos y de opinión pueden hacer para contribuir a reparar en lo que se pueda el daño humano y social enorme provocado por la represión y violencia estatal, cuyas secuelas desgraciadamente se prolongan en el tiempo. No es el único tema a seguir procesando para afianzar mejores bases éticas para la convivencia democrática, pues también están presentes otros más actuales como la corrupción en el financiamiento empresarial de campañas, los conflictos de interés en el gobierno y  abusos en diversas instituciones del Estado y la sociedad civil. Pero el golpe de 1973 y sus consecuencias, a pesar de los 45 años transcurridos, marcan inevitablemente la historia contemporánea del país.

Tiene razón Roberto Ampuero (dicho sea de paso todavía nadie se explica por qué fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, salvo la conjetura de marcar distancias con las izquierdas de aquí y de afuera, pero esto es demasiado pequeño para un tema demasiado serio como la política exterior) cuando afirma: “el Museo de la Memoria no explica bajo qué circunstancias estalló el horror que condenamos”. Los que, como Ampuero, reclaman que el rechazo a los horrores de la represión no debe omitir el necesario análisis histórico, tienen razón. Pero deben enfrentar al menos dos temas.

Primero, como se ha dicho y repetido, los museos históricos no son espacios de análisis, sino que registran momentos y situaciones. En el Museo de la Memoria no se tergiversa nada, se nombra y muestra la brutal represión con, por lo demás, bastante sobriedad, y sin que nada de lo que ahí se muestra sea falso. Cuando la jefa de la UDI opina que el Museo es parcial, pero al mismo tiempo declara no conocerlo, expresa en realidad que su sector político no quiere que existan espacios de memoria que nombren y muestren los horrores inaceptables del régimen que su grupo propició y apoyó. ¿Aspira acaso a que se afiche en esos espacios: “lo que van a ver es culpa de la izquierda que polarizó al país y obligó una intervención de las fuerzas armadas, con las consecuencias colaterales que ahora van a ver?”. No nos cansaremos de afirmarlo: esta pretensión es una distorsión ética incalificable, pues pretende responsabilizar a las víctimas de los sufrimientos inmorales infligidos por sus victimarios.

Segundo, el análisis histórico en la esfera pública es por supuesto indispensable. Pero en este tema la derecha que sostiene que el golpe es culpa de la izquierda tendrá que intentar desmentir toda la amplia documentación de los hechos que culminaron con el 11 de septiembre de 1973. Empezando por el intento de secuestro que derivó en el asesinato del General René Schneider. ¿No ordenó Nixon, presidente de Estados Unidos, expresa y reiteradamente a sus servicios de inteligencia impedir que Salvador Allende asumiera el gobierno el 4 de noviembre de 1970? ¿No consiguió la CIA que actuara un grupo de extrema derecha con algunas complicidades militares (Viaux y otros), al que proveyó de armas y que terminó asesinando nada menos que al Comandante en Jefe del Ejército? ¿No existía el plan de provocar una conmoción violenta que justificara un golpe? De esa magnitud fue la decisión norteamericana y de sus cómplices internos antes de que Salvador Allende pisara siquiera La Moneda. Y de ahí por delante se produjo una seguidilla de acciones abiertas y encubiertas (Nixon: “hagan chirriar la economía”) y una inteligente capacidad de la SOFOFA y otros actores de la oligarquía empresarial de entonces de articular una oposición política y social, arrastrando progresivamente al centro político y a diversos sectores medios y populares conservadores a una política de insurrección contra el gobierno (para quien dude al respecto le puede ser útil leer el testimonio de Orlando Sáenz. El gobierno de Allende respetó las normas constitucionales, las libertades civiles y políticas, el calendario electoral, y así sucesivamente. Pero se empeñó en producir un cambio social antioligárquico y de recuperación de los recursos naturales, dirigido por un socialista que no dudó en culminar la reforma agraria y nacionalizar el cobre (porque había sido la batalla de toda su vida), en este último caso con el apoyo unámime del Congreso. Y que era a la vez un demócrata que jamás se propuso ejercer el poder más allá de los seis años de su período constitucional ni llevaría a Chile a una dictadura y menos a los brazos del campo soviético (que en todo caso tampoco estaba interesado en llevar a su órbita a un país austral sin mayor interés geoestratégico). Y que intentó hasta el último día buscar una salida política al conflicto mediante un plebiscito, que primero quiso concordar y luego decidió llamar unilateralmente, y que sabía que probablemente perdería. Allende, y así lo señalan los testimonios de sus cercanos, estaba dispuesto a abandonar el poder mediante mecanismos institucionales que salvaran la democracia chilena.

El golpe no fue provocado ni realizado por la izquierda. Esta no preparó ningún golpe ni autogolpe, incluyendo la extrema izquierda. Es verdad que la coherencia política de sus dirigentes de partido frente a la gravedad del desafío no fue demasiado alta y que sus ligerezas de decisiones y de lenguaje generaron percepciones de amenaza absurdas, pero ese es otro tema sobre el que la propia izquierda ha escrito hasta la saciedad, realizando una amplia autocrítica. La izquierda no fue capaz de crear las condiciones para mantener un apoyo social suficiente respecto a lo fundamental de su proyecto, para lo cual era indispensable un acuerdo con la DC, sostener el alto mando militar constitucionalista y pactar una estabilización económica con una delimitación del sector público. En estos tres temas la derecha y el gobierno de Estados Unidos hicieron todo lo posible para que no se concretara una perspectiva de continuidad democrática, sino que apostaron desde la hora uno a una desestabilización económica que condujera al colapso político. Y también cabe una responsabilidad a Frei Montalva y su grupo, que se negó a dar su acuerdo a una salida pactada, incluyendo el rechazo a la lista de 91 empresas a ser mantenida en el sector público concordada con la directiva DC, a la petición que le realizó personalmente el general Prats de pactar una salida democrática con Allende con la mediación del Cardenal y a la propuesta de plebiscito.

El golpe fue facilitado por el divorcio entre la izquierda y el centro político, con responsabilidades compartidas.  Pero la izquierda fue víctima, y también lo fue con el correr del tiempo la propia DC, y no causante del golpe. Lo decisivo es que el golpe fue expresamente propiciado e inducido por el gobierno de Estados Unidos –en el contexto implacable de la Guerra Fría-, por la derecha empresarial y política y por los sectores de la Democracia Cristiana conservadores y pro norteamericanos que pensaban sin fundamento que Allende y Prats preparaban “un golpe de Praga” pro-soviético.

El golpe no era inevitable. Fue ejecutado por un oportunista sin escrúpulos que se sumó a última hora (Pinochet), apoyado en un grupo de oficiales (como Arellano, Bonilla e incluso Leigh) que quisieron diezmar a la izquierda y a los sindicatos y luego entregar el gobierno a civiles elegidos en plazos que no fueran eternos, o bien instaurar un régimen de duración franquista que “refundara” Chile con un proyecto neoliberal de desmontaje del Estado desarrollista (como Merino, al que se sumó Pinochet en tanto se le garantizara un poder prolongado). Este grupo militar, apoyado en y por la derecha política y económica, se propuso restablecer las bases del tradicional dominio oligárquico, que venía cediendo posiciones desde 1920 en adelante. El golpe de 1973 tiene por origen último la pérdida de poder que resultó intolerable para la clase dominante tradicional, para lo cual utilizó sin límites todos los resortes de poder internos y externos de los que disponía. Su respuesta fue terminar con la democracia y configurar un poder autoritario, violento y sin escrúpulos al servicio de sus intereses, más tarde institucionalizado por una constitución de “democracia protegida”… de la soberanía popular.

Las FF.AA actuaron como ejecutores del golpe y de la represión una vez que un alto mando con convicciones dictatoriales y autoritarias logró su control jerárquico. Pero no olvidemos a los generales Schneider y Prats, al almirante Montero, al general Sepúlveda Galindo, a los generales Poblete y Bachelet, constitucionalistas y demócratas como tantos otros militares profesionales de todos los rangos que honraron históricamente a los institutos armados al oponerse a un golpe de Estado ilegítimo.

De modo que la derecha y su gobierno tienen razón. Hay que discutir sobre quienes causaron el golpe de 1973. Bienvenidos al debate.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario La Tercera el 4 de septiembre de 2018.