Corremos por ti

Por: Juan O’Farrell  y Juan Manuel Ottaviano.

En marzo la ciudad se inundó de publicidades de Rappi y Glovo, dos empresas de la nueva ‘economía colaborativa’ que ofrecen servicios de delivery a través de una aplicación en el celular. Estas se suman a otras empresas similares que ofrecen servicios de transporte (Uber), para el hogar (Iguanafix), cuidado y limpieza (Zolvers) y profesionales (Workana) que ya están cambiando el paisaje urbano.

Prometen comodidad y bajos precios a los consumidores (“Cualquier cosa que quieras, entregada en minutos” como promociona Glovo), flexibilidad y un ingreso extra a los trabajadores (“Sé tu propio jefe y obtén las tarifas por conducir cuando tú quieras” como tienta Uber a sus potenciales choferes). Atraen a usuarios y trabajadores por igual y están en sintonía con el discurso oficial del emprendedurismo.

También tienen el vértigo de vivir al margen de la ley, cuestionadas por vulnerar derechos laborales y eludir impuestos en los países en los que operan. Cuando son abordadas por sindicatos y políticos, contestan sueltas de cuerpo: vamos a invertir en su país, y si no les gusta, nos vamos.

¿Cómo funcionan las aplicaciones? Supongamos que pedimos un kilo de helado a través de Rappi. La aplicación le envía el pedido a un “tendero” que va hasta el comercio, compra el helado y nos lo trae a nuestra casa, donde se le paga el precio del helado más la propina. La aplicación le cobra una comisión al comercio donde se compró el producto, si es que el comercio tiene un acuerdo o “alianza” con Rappi. El mensajero se queda con el costo del envío, que varía según la oferta y la demanda.

Detrás del debate está la dificultad para distinguir el cuentapropismo genuino de los casos de fraude laboral. De manera similar a lo que ocurre con la tercerización, con el objetivo de reducir costos y ganar en flexibilidad, las empresas disfrazan trabajo en relación de dependencia de contratación de servicios. La diferencia es que en este caso ningún empleador se reconoce como tal, y por lo tanto ningún trabajador es reconocido en sus derechos.

En términos legales, cuando existe subordinación económica, jurídica y técnica  –todos elementos presentes en la relación de los trabajadores de las empresas de la economía colaborativa– el trabajador debería ser incorporado como empleado en relación de dependencia.

Al no incorporarlo como trabajador directo las empresas están privando al trabajador de aguinaldo, horas extras, jubilación, vacaciones pagas, y seguro de riesgo. Estas empresas afirman que todos sus tenderos están asegurados. ¿Quién paga entonces la aseguradora de riesgos? Los propios trabajadores. Pagan para trabajar. No es casual que actualmente el mercado se encuentre motorizado por la expansión de cuentapropistas.

Un trabajo reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluye que la economía colaborativa no está dando oportunidades de trabajo decente. La mayoría de los crowdworkers encuestados afirma que valora la posibilidad de trabajar desde su casa pero están frustrados por la baja remuneración, la falta de una fuente estable de trabajo, la falta de respuestas de las plataformas a sus preocupaciones, y la pobre y por momentos abusiva relación con los que contratan el servicio.  En este nuevo modelo los trabajadores se hacen cargo del riesgo cuando no hay suficientes pedidos, cuando los clientes no pagan, e incluso a la hora de pagar impuestos al gobierno. Claro está, los trabajadores no están habilitados para negociar las remuneraciones.

Además, el atractivo slogan “sé tu propio jefe” dura muy poco: los trabajadores rápidamente perciben que no pueden disponer de su propio tiempo si quieren mantenerse en la aplicación, y pueden ser “dados de baja” o despedidos sin ningún tipo de control legal, por motivos como cometer un error en un click o por haberse demorado en un embotellamiento.

Muchos –incluyendo a funcionarios de Cambiemos– proponen el giro de proteger al trabajador en lugar de proteger el puesto de trabajo, y de crear un sistema de seguridad ‘portable’, independiente del status ocupacional del trabajador. Según el informe de la OIT esta propuesta distrae la atención de la pregunta sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo de los puestos de la economía colaborativa, ignora responsabilidades del empleador, y más importante, no resuelve la inseguridad de ingresos.

Para continuar expandiéndose, las plataformas predican una precariedad inexorable. Sin embargo, en países como el Reino Unido, Estados Unidos y España, empresas como Amazon, Uber y otras ya están sufriendo reveses judiciales que permiten el reconocimiento de relaciones laborales. Allí, los trabajadores se organizan en sindicatos y están enlazados con las mismas tecnologías que las empresas: con aplicaciones de celulares.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario Página 12 el 2 de abril de 2018.