En Chile se encarcela a la pobreza

por: Rafael Luis Gumucio Rivas, El Viejo (Chile).

El 80% de los niños  a quienes besó el Papa Francisco, de seguro, irán al Sename o la cárcel más tarde: los hijos de padres o madres que están – o han estado – en prisión en un alto  porcentaje caerán en las mismas condiciones que sus padres. No es determinismo, sino lectura de las simples estadísticas.

El Estado condena a las 4.000 mujeres, hoy internas, no sólo a la privación de libertad, sino también a sus familias, incluidos los hijos que sólo pueden vivir con sus madres en la cárcel hasta los 18 meses, quienes abandonados a su suerte, terminan pateando piedras o bien, convirtiéndose en “soldados” del narcotráfico. Como explicaba Nelly León, capellana de la cárcel de mujeres en San Joaquín, el momento más traumático en la vida de las mujeres internas es el quiebre y el duelo de la separación de sus hijos.

El 99% de las mujeres recluidas en la cárcel de San Joaquín pertenecen al sector más pobre de la sociedad que, desde su infancia, han crecido y vivido en la precariedad, y el entorno es el delito, y  la mayoría de estas mujeres han ido a parar a la cárcel a  causa del microtráfico. La edad promedio es de treinta años, pero también se encuentra abuelitas quienes, por necesidad para alimentar a su familia, han delinquido.

Quienes visitan a los internos e internas son, en su mayoría, mujeres, pero cuando caen presas, sus maridos o parejas las abandonan a su suerte, (para el hombre es más fácil rehacer su vida que para las mujeres) y, no pocas veces, se niegan a llevar a los hijos a visitar a sus madres, algunas veces como forma de venganza.

La capellana explica muy bien por qué los hijos adolescentes y jóvenes dejan de visitar a sus progenitoras, no sólo por el desagrado y humillación que les produce los allanamientos, sino también porque usar el domingo para ir a la cárcel, junto con no ser un panorama muy atractivo, los expondría  a una situación de burla y escarnio por parte de sus compañeros de pandilla o de escuela.

La sociedad chilena es clasista, racista y castigadora. A menudo, piden cárcel para todos los delincuentes, a quienes consideran sólo como “humanoides”, que bien merecen pudrirse en la cárcel. Pero los barrotes son solamente para los pobres y no para las grandes ladrones de cuello y corbata, pues jamás un Matte o un Larraín irá a la  cárcel, salvo a pasar algunos días en el cómodo recinto Capitán Yáver. (Capuchinos, la cárcel exclusiva, se incendió; recuerdo que un famoso estafador decía que, por favor, no lo indultaran, pues había hecho sus mejores amistades en este viejo convento de 4****).

Las cárceles comunes en Chile están en tal deterioro que, además de los malos tratos, son un atentado permanente a los derechos humanos, tortura que el Estado propina a los más pobres de la sociedad por el solo hecho de haber nacido desvalido.

El Papa Francisco es el rey de los titulares: las frases cortas saca, a veces enseñanzas insospechadas; a las mujeres que dijo que no se dejaran cosificar, que tienen un nombre y una historia, que el haber sido privadas de libertad no significa que se les niegue la dignidad como personas, que el Estado está obligado a brindarles la capacitación y la reinserción.

Desafortunadamente, en Chile estas son sólo bonitas palabras: es el país que envía más personas a las prisiones – más de 50.000 personas viven en las cárceles – con costos de más de 600 mil pesos mensuales para cada uno de los internos e internas, (6 veces la pensión mínima).

Muchos de los  presos y presas son abuelos y abuelas, con enfermedades terminales.

El Estado chileno y la sociedad en su conjunto condena a los pobres a un infierno en la tierra.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario Piensa Chile el 18 de enero de 2018.