Inseguridad en América Latina

Por: Bernardo Kliksberg.

Los informes de diversos organismos internacionales son coincidentes, Latinoamérica tiene los índices de criminalidad más altos del planeta. Con solo el 8% de la población mundial, se producen en la región un 33% de los homicidios mundial anuales. Se estima que son 150.000 muertes por año por violencia, sobre un total universal de 450.000.
Entre el 2000 y el 2016 fueron asesinados en el continente 2.6 millones de personas. La mayoría jóvenes. Son asesinadas cuatro personas cada 15 minutos.
14 de los 20 países más peligrosos del mundo se hallan en América Latina.
Una tabla de los homicidios en el 2016, publicada por The New York Times, y que tiene como fuente el Igarape Institute consigna las siguientes cifras:
América Latina, homicidios cada 100.000 habitantes por año:

El Salvador   91.2
Honduras     59.1
Venezuela    58
Brasil           27.5
Guatemala   27.3
Colombia     21
México        17
Bolivia          8.4
Uruguay       8.3
Perú            7.2
Nicaragua    7
Argentina     6.6
Ecuador       5.7
Chile            2.7

Las causas son múltiples. El riguroso informe del PNUD “Seguridad con rostro humano” subraya: la fractura del tejido social, la deserción en secundaria (cercana al 50%), la no inserción laboral, las deficiencias en los sistemas judiciales y policiales. Las muertes se concentran en las áreas más pobres. Según Sánchez y Pardo, el 50% de los asesinatos urbanos se producen en el 1.6% de las calles.

El BID calcula los costos directos del crimen en el 3.55% del Producto Interno Bruto de la región. Una pérdida anual de 261.000 millones de dólares. Son el 6% del PIB en El Salvador y Honduras.

El feminicidio continúa. Las víctimas fueron 631 en Guatemala en el 2011. En El Salvador 402 por año entre el 2000 y el 2012.

Hay múltiples iniciativas públicas y de la sociedad civil. Entre ellas en Brasil las políticas de establecer puestos de policía comunitarios en las zonas de más riesgo, los programas de alianza entre políticas públicas y empresa privada para crear grandes programas de entrenamiento en trabajo en Chile, Argentina, Uruguay, México y otros países, la prohibición de la portación de armas de fuego en Colombia, y otras.

El nuevo Instituto por la Vida establecido por 30 ONGs rechaza las políticas de mano dura que no han dado resultado, y exige ver a los homicidios como un problema social, educacional, económico, y cultural, en lugar de solo de seguridad. Hay promisorias líneas de acción en gran parte de la región con este enfoque. Incluyen trabajar con la familia, fomentar la capacitación e inclusión laboral de los jóvenes marginados, y regular estrechamente las armas de fuego, el alcohol y la droga. El fortalecimiento de la educación, y la reducción de la deserción en secundaria son decisivas para la integración social de los jóvenes vulnerables. Frente a los tentadores ofrecimientos de los grupos delictuales que les prometen empleo inmediato, y alta remuneración a cambio de su “alma”, y con la perspectiva de figurar prontamente en las cifras de homicidios como víctimas de una banda rival o de la misma banda, la sociedad debe apuntalar sus familias de origen, y proponerles alternativas concretas de educación, y trabajo.

La gravedad y el crecimiento del problema que compromete el desarrollo y la calidad misma de la sociedad no admiten más dilaciones.

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Nota. Esta articulo fue publicado en el Diario El Universal el 18 de octubre de 2017.