Juicios y coimas

Por: Luis Bruschtein.

Los derechos humanos fueron arrinconados por el 2×1 de los jueces macristas, una tensión que se prolongará lo que dure este gobierno. El anuncio de que el GNC tendrá el mismo precio que la nafta le puso un bache intransitable a los taxistas. Es una semana. El mismo día de la marcha en Plaza de Mayo el gobierno tomó más deuda por casi tres mil millones de dólares, con lo que en un año se ha endeudado el doble que la dictadura militar en ocho años. Una carga que abrumará a dos o más generaciones, hoy chicos y adolescentes, que deberán pagarla. Es apenas una semana.

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff dijo este jueves aquí en la Argentina –donde recibió el premio Rodolfo Walsh que otorga la Facultad de Periodismo de La Plata– que su gobierno no fue depuesto por  corrupción, sino para instalar un programa neoliberal y para impedir que las investigaciones de corrupción lleguen a los que gobiernan ahora.

En América latina hubo sincronía desde la independencia. Hubo dictaduras militares muy parecidas y simultáneas. Hubo retornos paralelos a la democracia, hubo neoliberales con vasos comunicantes y hubo gobiernos populares en los mismo tiempos. Una similitud de procesos que sorprende porque las culturas hegemónicas tratan de ocultar lo que nos iguala y de resaltar lo que nos diferencia. Ese ocultamiento también ha sido una faceta neoliberal, expresión de intereses económicos de grupos de poder y corporaciones trasnacionales, de patio trasero fragmentado para controlarlo. Un continente donde ese magma de convulsiones históricas y luchas populares se fueron dando naturalmente como la expresión del mismo cuerpo. Conflictos, marchas y contramarchas, revoluciones y gestas patrióticas y golpes colonizadores, de restauración y dependencia.

Como hubo coincidencias en procesos políticos, igual están calcadas las estrategias restauradoras de las oposiciones a gobiernos populares. Y esas similitudes las hacen aparecer en su dimensión bizarra porque el gran secreto de su efectividad es que permanezcan camufladas entre el sentido común que construyen las grandes corporaciones de medios.

“El juicio lo hacen los medios –dijo Rousseff– y es un juicio donde el acusado no tiene derecho a defensa, ni tiene derecho a conocer las pruebas con que lo acusan y esas sólo son valoradas por los mismos medios para decidir la condena. Cualquiera puede ser acusado, difamado y condenado con estos tribunales. En Brasil cuatro familias son las propietarias de los grandes medios de comunicación”.

Corporaciones de medios, juicios mediáticos, las equivalencias destellan. Rousseff fue depuesta en el marco de una gran campaña de denuncias de corrupción, pero nadie pudo demostrarle nada, y sólo pudieron acusarla por un mecanismo técnico en la presentación de balances del gobierno que no implica apropiación de fondos públicos. En cambio, después de promover el juicio contra Rousseff y lograr su destitución, Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, fue despojado de su cargo y detenido por coimero.

En Argentina, donde existe la misma concentración de medios, la campaña de la corporación tuvo el mismo signo contra el gobierno kirchnerista. Acosaron a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su familia con decenas de denuncias de corrupción que implicaban sumas multimillonarias de pesos y dólares. Inventaron historias de sótanos, cajas de seguridad y cuentas misteriosas, teatralizaron haciendo pozos en la Patagonia, pagaron a periodistas para que difundan esas denuncias, y hasta tuvieron la todopoderosa colaboración de Paul Singer para investigar cuentas offshore en paraísos fiscales y no encontraron nada en Panamá, ni en Delaware, ni en Suiza ni en las Seychelles. Ninguna cuenta en el exterior, ningún peso que no haya sido declarado y justificado.

Esa campaña instaló a Mauricio Macri en la presidencia. Mientras se buscaba infructuosamente indicios de una “ruta del dinero K” empezaron a surgir en paraísos fiscales sociedades y cuentas offshore del presidente que se favoreció con la campaña de difamación contra el gobierno kirchnerista. Hay una sincronía con Rousseff y Cunha y Temer. El neoliberalismo usa las denuncias de corrupción para deponer o erosionar a los gobiernos heterodoxos y populares y cuando consigue su propósito, empiezan a surgir evidencias concretas de su propia corrupción, con millones de dólares en danza. Estas evidencias que señalan a los referentes del neoliberalismo por delitos multimillonarios de evasión, lavado, de coimas o de intereses incompatibles con la función pública, son minimizadas por las mismas corporaciones mediáticas que amplificaron al máximo las denuncias contra el kirchnerismo.

No se trata de ocultar de un lado y destapar del otro. Lo que tendría que ser evidente es que la catarata de denuncias contra el kirchnerismo son parte de una campaña calcada de las que se produjeron en contra de otros gobiernos similares en la región, por parte de oposiciones también similares. El objetivo es desplazar gobiernos populares para imponer un programa neoliberal. La corta lista de las medidas que tomó esta semana el macrismo y las que viene tomando desde que asumió, constituyen una evidencia indiscutible. Y los que hicieron esa misma campaña, que controlan la gran mayoría de los medios de comunicación, ocultan, en cambio, las evidencias que acusan a los referentes del gobierno.

Si hubo corrupción en los gobiernos kirchneristas tiene que ser investigada y juzgada, como en el caso más obvio de José López o en cualquier otro. Pero hay una diferencia entre la corrupción que pudo anidarse en un gobierno y una campaña megafónica para difamarlo y destruirlo que sumó decenas de denuncias, la mayoría sin sustento y con la finalidad de crear un efecto mediático de saturación. Y más cuando los mismos medios que lanzan esa campaña, después ocultan o minimizan la corrupción de sus propios referentes. Y una diferencia importante más: el origen de casi todas las denuncias contra el gobierno anterior provienen de servicios de inteligencia o medios de comunicación abiertamente enfrentados al kirchnerismo. En cambio las denuncias que pusieron en evidencia a las empresas del grupo Macri y a varios de sus colaboradores provienen de fuentes internacionales que no tienen ningún interés en la interna argentina. La gravedad y volumen de esos datos hizo que surgieran sin que nadie los buscara y que hayan podido penetrar el cerco de impunidad con que los medios corporativos protegen al gobierno.

Aún así, es tan fuerte el efecto de las campañas mediáticas, que muchas personas asumen ingenuamente que esas denuncias son fraguadas por el kirchnerismo para tapar las denuncias en su contra. No es el caso de Graciela Ocaña, que después de transitar por todo el espectro de la política argentina, ahora acaba de anunciar su pase al oficialismo de Cambiemos. Las versiones indican que puso como condición que sea apartado el jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas, a quien le cayeron encima las declaraciones de Leonardo Meirelles un arrepentido de la megaempresa Odebrecht en Brasil. Meirelles reafirmó que hizo diez transferencias a cuentas suizas de Arribas por valor de 850 mil dólares. Ocaña habría pedido la renuncia del jefe de la ex SIDE como condición para hacer campaña por Cambiemos. Pero Arribas es íntimo amigo del jefe de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri, e incluso vive en el departamento que dejó el presidente para alojarse en la residencia de Olivos. Al jefe de los espías le rondan sospechas de coimas. Y la única influencia de Arribas en el momento que se hicieron los pagos, era la de ser íntimo de Macri. Lo primero que hizo Macri en febrero de 2016, pocos días después de asumir, fue otorgarle tres mil millones de dólares a la unión de empresas integrada por Iecsa –del grupo Macri– y la polémica Odebrecht, para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra había sido anunciada por el kirchnerismo, pero estuvo parada porque Odebrecht se había comprometido a conseguir esos tres mil millones de dólares para financiarla y no lo había hecho. La secuencia y los vínculos quedan expuestos: aparecen los depósitos en las cuentas de Arribas y al poco tiempo aparecen desde el Estado argentino los tres mil millones para financiar las obras de Odebrecht asociada a Iecsa.

Las sincronías y los cruces con Brasil son abundantes. “Los que impulsaron estas campañas contra Dilma y su destitución son los mismos que apoyaron las dictaduras”, dijo Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, cuando entregó el premio Walsh a Rousseff. Se refería a que varios de los diputados hicieron homenajes a los golpistas militares cuando fundamentaron su voto para destituir a la presidenta. En Argentina hubo un gobierno que impulsó los juicios contra los genocidas, y ahora hay un gobierno neoliberal que introdujo dos magistrados en la Corte para que diseñen políticas de impunidad como el 2×1. Si en Brasil fue ese homenaje a los golpistas, en la Argentina fue esta señal a favor de la impunidad.

Nota: Este articulo fue publicado en el Diario Página 12 el 13 de mayo de 2017.