La patria encadenada

Por: Nicolás Iván Mederos, Analista.

Lula, quien fue dos veces electo presidente de la República, fue condenado por el juez Sergio Moro a 9 años y 6 meses de prisión. Justo un día después de que se aprobara la reforma laboral más retrógrada que este siglo haya presenciado. Como si en estos casos pudiera hablarse de casualidades. Presenciamos, palabras más o palabras menos, un golpe de las clases dominantes en Brasil, que lejos de culminar con el grotesco proceso de impeachment a la presidenta electa Dilma Rousseff, ahora va por consolidar sus privilegios, eliminando cualquier posibilidad de que estos les sean disputados.

Este golpe es el resultado de un conjunto de acciones políticas, mediáticas y jurídicas que, lisa y llanamente, han pretendido erradicar aquellas visiones políticas y sociales que les han disputado privilegios. Para los amantes de la democracia, vale la pena recordar cómo Aecio Neves y sus correligionarios del proyecto neoliberal se rehusaron a reconocer la legitimidad de las urnas una vez culminadas las elecciones. Y es que es necesario señalarlo: un golpe no se resume en un acto particular.

Cuál es el sentido las acciones políticas es una de las razones por las cuales aún tiene sentido hablar de derecha e izquierda. Pareciera que la historia quiso que mientras la izquierda busca impedir que los derechos conquistados sean revocados, la derecha busca consolidar un orden político, jurídico, económico y social que deje de atentar contra sus posibilidades de ganancia. En ese sentido, las reglas de juego marcan la cancha y si bien esta discusión podría enfocarse a cualquier país donde la era progresista haya dicho presente, lo cierto es que en Brasil el proyecto político luego del golpe ha marcado un orden neoliberal que puede caracterizarse fundamentalmente por su ferocidad.

A las pruebas me remito, viendo que las reformas laborales son el más claro ejemplo de cómo validar desde el orden jurídico y político a las formas contemporáneas de explotación, tapando con sorpresiva rapidez cualquier derecho alcanzado y optimizando la acumulación de las riquezas. En el gobierno del PT, y según informes del Banco Mundial que datan desde el año 2003 hasta 2012, el 60% de la población había logrado incrementar sus ingresos mínimos en lo que significó la mayor reducción de la pobreza en la historia del gigante continental. Vaya si será un pecado en el continente más desigual del planeta ponerse en el lugar de los pobres.

Las clases dominantes, los grandes propietarios de tierras, sintieron como una derrota que las condiciones materiales del trabajo sean “condicionadas”. El neoliberalismo, que tan sólo nos exige ir a los dos gobiernos previos a los del PT, es decir a los de Fernando Henrique Cardoso, encontraron en Lula y Dilma una imposición que atentó contra su proyecto, no de país, sino personal. Eso es algo que no perdonarían jamás.

Tanto es así que es necesario entender que las reformas laborales que se están llevando adelante no están pensadas para el presente, sino que son “un puente hacia el futuro”, como el propio Temer las ha llamado, sonrisa de por medio. El tema es, ¿para quiénes son esos puentes? La respuesta es sencilla: para los ricos que necesitan atravesar con sus años de lujo, porque a las grandes mayorías les tocará atravesarlo a pie.

Y en este marco, Lula debió ser condenado. Sin pruebas de su corrupción (les invito a ver el diálogo entre el juez Moro y el supuesto delincuente), bastó para ser condenado por ser la mayor amenaza política para la consolidación de un orden neoliberal. Claro, al ver que su nombre crece cada día en las intenciones de voto, se hace necesario no solo quitarle la posibilidad de disputar políticamente este orden jurídico que el Legislativo está llevando adelante, sino también castigarlo por su mera amenaza.

Al pueblo brasileño le queda afrontar uno de los tiempos más grises de su historia, tiempos donde la persecución de la clase trabajadora encuentra a su principal dirigente como primer ejemplo. Como dicen por allá, “luchará quien tenga coraje”.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario Público de Uruguay el 27 de julio de 2017.