La reforma de la ley de riesgos del trabajo y un nuevo retroceso que continúa perjudicando a los trabajadores

Por: Diego F. Boglioli.

El régimen actualmente vigente en materia de riesgos del trabajo se inicia con el dictado de la Ley 24.557 en el año 1995, en plena primavera neoliberal (cuyos “brotes verdes” estamos viendo reaparecer desde fines del año 2015 en nuestro país), régimen caracterizado por una mercantilización del sistema en cuyo centro se ha colocado a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), sociedades comerciales con fines de lucro que, como tales, tienen intereses contrapuestos con los trabajadores: una mayor y más efectiva cobertura de los trabajadores que sufren accidentes y enfermedades laborales conspira contra la tasa de ganancia de estas empresas privadas al aumentarles sus “gastos”. El sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 (L.R.T.) está complementado además por un cúmulo de normas jurídicas como decretos reglamentarios, decretos modificatorios (como el Nº 1.694/09), una ley que lo reformó posteriormente (la Nº 26.773), gran cantidad de resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) y decretos de necesidad y urgencia también modificatorios o que han agregado aspectos nuevos, como el dictado en fecha reciente por el P.E.N., constituyéndose en una maraña normativa que lo ha vuelto hasta difícil de entender y de aplicar para sus propios operadores (jueces del trabajo, abogados laboralistas, etc.).

Otro rasgo del sistema es que, a los pocos años de su entrada en vigencia, fue objeto de sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad tanto por la Justicia del Trabajo como, finalmente, por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente a partir del año 2003, lo que ha convertido a la L.R.T. en una de las normas que más tachas de inconstitucionalidad ha recibido en la historia legislativa de nuestro país.

Uno de los mayores déficits del sistema ha sido el olvido de la prevención de los riesgos del trabajo como objeto central de la regulación normativa, aspecto prácticamente omitido o, en todo caso, regulado en forma insuficiente y que el reciente D.N.U. tampoco aborda, sino que difiere su tratamiento a una futura reforma que, seguramente, no llegará a plasmarse normativamente. Es que de poco sirve a los trabajadores que el eje del sistema se ponga en la reparación de los daños (y aún así, en base a un régimen como el de la L.R.T. que es restrictivo al respecto, ya que muchas enfermedades quedan fuera de su cobertura, cuando no deberían estarlo y, las que están previstas, si son reparadas, lo son en forma insuficiente o mezquina, ya que las indemnizaciones –“prestaciones dinerarias” las llama la norma- resultan de monto inferior al daño efectivamente sufrido por el trabajador), obviándose históricamente el dictado de una normativa eficaz en materia de prevención, dado que la necesidad de reparación de un daño a la vida o a la salud del trabajador es la palmaria demostración del fracaso de una –inexistente- política de prevención de riesgos, cuestión central de todo sistema de riesgos laborales que sea realmente protectorio de los trabajadores.

La nueva reforma legislativa: Con la excusa de la alta litigiosidad del sistema (sobre cuyas causas reales no se hace referencia alguna en la exposición de motivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, omitiéndose toda mención a las graves omisiones existentes en materia de prevención como la primera causa de la ocurrencia de accidentes y enfermedades, o a la política refractaria de las A.R.T. a cubrir gran parte de las enfermedades que realmente tienen origen laboral o a la infraestimación del verdadero porcentaje de incapacidad de enfermedades por parte de estas aseguradoras; a las altas médicas anticipadas, etc., etc.) y bajo la declamada necesidad de volverlo más equitativo (por lo que se ve, se ha pensado en los intereses de las A.R.T., no en los derechos de los trabajadores), el Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros del P.E.N. dictó en primer término un decreto de necesidad y urgencia (sin existir real necesidad ni haber urgencia alguna), el D.N.U. Nº 54/2017, salteándose para ello al Poder Legislativo, tal como lo establece la Constitución Nacional y pese a que el proyecto de reforma (enviado a fines del año pasado al Congreso por el Gobierno Nacional) ya contaba con la media sanción de la Cámara de Senadores, aguardando su tratamiento por la Cámara de Diputados y mientras todo anunciaba que allí sería objeto de debate y de diversas modificaciones que –se suponía- atemperarían su claro sesgo antiobrero y beneficioso para las A.R.T. El P.E.N., con el dictado de ese claramente inconstitucional D.N.U., mantuvo así el articulado de su proyecto originario, generando un extendido rechazo (a excepción de la U.I.A. y de las propias A.R.T.), no solo por la metodología utilizada (que ya anunciaba nuevos planteos judiciales de inconstitucionalidad por el lado de las formas o procedimiento de su dictado) sino también en vista del contenido sustancialmente regresivo de la norma dictada. El escándalo que motivó el dictado del D.N.U. llevó al Presidente de la Nación a dejarlo sin efecto y a que se retome el tratamiento de la reforma a nivel del Parlamento Nacional, siendo finalmente sancionado ayer merced a su aprobación por la Cámara de Diputados y será convertido en ley en los próximos días mediante su promulgación por el P.E.N.

En líneas generales y para ser claros sobre su contenido e impronta (sin entrar en tediosos detalles técnico-jurídicos), diremos que, siguiendo el modelo económico neoliberal que viene implementando el Gobierno Nacional, lo que la ley de reforma busca es la baja de los costos laborales de las A.R.T. a costa de los derechos de los trabajadores, obligándolos a transitar por las Comisiones Médicas (C.M.), como paso previo para poder acceder a la instancia judicial, debiendo atravesar un procedimiento engorroso y lento que seguramente llevará a vía muerta buena parte de los reclamos de los trabajadores, a quienes inclusive se les ofrece el (posterior) acceso a la instancia judicial pero solo en el Juzgado del Trabajo competente en relación a la Comisión Médica que intervino; veamos un ejemplo: un trabajador accidentado en una empresa ubicada en la ciudad de Reconquista, debe, según el D.N.U.- efectuar su reclamo contra la A.R.T. contratada por su empleador (que, supongamos, le rechazó la denuncia del accidente de trabajo, invocando que la lesión era preexistente a la relación laboral) ante la C.M. sita en la ciudad de Rosario (la única existente en toda la provincia de Santa Fe) y, para el caso de que la C.M. le rechace su reclamo, debería iniciar su demanda en un Juzgado Laboral de la ciudad de Rosario, no en el de la ciudad de Reconquista, en donde reside (posibilidad que, de hecho, existía antes de esta cuestionable reforma normativa).

Otro aspecto de la reforma: con el régimen vigente antes de la reforma legal, si la C.M. al dictaminar le daba la razón al trabajador respecto de su incapacidad, la A.R.T. le tenía que pagar una prestación dineraria, aún cuando la aseguradora apelara dicho dictamen ante una instancia superior, ya que el recurso de la A.R.T. no suspendía el cumplimiento del dictamen favorable al trabajador accidentado; en el nuevo régimen, en cambio, la apelación de la aseguradora suspende el cumplimiento del dictamen favorable al obrero accidentado, quien así verá dilatarse en el tiempo su derecho al cobro de una prestación en dinero, imprescindible para afrontar una incapacidad laborativa ocasionada por el accidente de trabajo.

En fin, se podría seguir ejemplificando con los diversos aspectos de esta nueva reforma de la L.R.T. y su sesgo marcadamente perjudicial para los trabajadores, pero ahora no es el caso. Sí es seguro que el mismo será atacado judicialmente en su constitucionalidad y es de esperar, también, el rechazo activo de buena parte de la oposición política y sindical al modelo, aunque desde ya que no lo será por la C.G.T. que apoyó el proyecto del Macrismo.

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Diego F. Boglioli. Secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

Nota: Este artículo fue publicado en el Diario Página 12 de Argentina.