La reivindicación de la negociación colectiva

Por: Hugo Acevedo, Analista.

El discurso del presidente Tabaré Vázquez en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, originó contundentes definiciones en torno a la exitosa negociación salarial tripartita en nuestro país, que es cuestionada por las cámaras empresariales.

Al respecto, defendió enérgicamente el acuerdo, “ya que es un instrumento fundamental para construir un mundo del trabajo que le sirva a todos. Sin diálogo no hay acuerdos y sin acuerdos no hay progreso ni desarrollo sostenible”, enfatizó.

También reivindicó el diálogo en rubros como el salario, la salud laboral y las condiciones de trabajo, “sin dejar atrás a trabajadores rurales y empleadas domésticas”.

Finalmente, valoró las sustantivas mejoras alcanzadas en las retribuciones de los trabajadores en los Consejos de Salarios desde 2005, destacando que, en 2016, se alcanzó un 95% de acuerdos en los ámbitos de negociación.

Las reflexiones del Presidente Vázquez son una respuesta a la queja de las cámaras empresariales ante la OIT, que cuestiona algunos aspectos de la Ley de Negociación Colectiva vigente desde la primera administración frenteamplista.

El reclamo de los propietarios de los medios de producción originó, en 2010, nueve observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que recomendó a Uruguay modificar el marco legal que rige las relaciones laborales.

En caso que se mantenga el recurso, nuestro país se expone a ser incluido en una “lista negra” lo cual podría afectar las futuras inversiones productivas, particularmente las extranjeras.

En esa hipótesis, la rancia oligarquía empresarial incurriría en una nueva actitud anti-patriótica, acorde con su arraigada tradición de contemplar primero sus intereses sectoriales antes que los del país.

Uno de los orígenes del contencioso es la ocupación de los lugares de trabajo durante un conflicto sindical, que es duramente cuestionada por los capitalistas.

Al respecto, se aduce que estas medidas no son una extensión del derecho de huelga y que atentan claramente contra la libertad de trabajo y el derecho de propiedad privada.

Empero, lo concreto es que las organizaciones gremiales han apelado a este recurso únicamente en situaciones extremas, corroborando su intrínseca madurez y responsabilidad.

En la mayoría de los casos, las ocupaciones se registran ante la inminencia del cierre de una empresa o de lock out patronal, a los efectos de preservar las instalaciones físicas, el equipo de trabajo y el legítimo derecho de los trabajadores a percibir sus indemnizaciones por despido acorde a lo que marca la ley.

Otra frecuente hipótesis es la probada intransigencia patronal, cuando esta se niega a negociar acuerdos salariales y ni siquiera contempla las situaciones de los empleados más sumergidos.

Desde ese punto de vista, la ocupación ha sido la excepción y no la regla, porque la mayoría de los diferendos suelen solucionarse mediante la negociación.

Por supuesto, el sector empresarial debería formularse una profunda autocrítica, a los efectos de corregir algunos procedimientos que violentan elementales principios éticos.

Otro de los más serios cuestionamientos de los empleadores es la extensión de los convenios colectivos en el tiempo luego que estos caducaron, hasta la celebración de un nuevo acuerdo.

El sentido común indica la inconveniencia que un sector de actividad quede desamparado y librado al mero juego de la oferta y la demanda. Si se admitiera este extremo, bastaría una actitud intransigente para congelar los consensos y la propia Ley de Negociación Colectiva carecería de fundamento.

El otro gran núcleo de controversia reside en el propio alcance de la negociación tripartita, que suelen acordar salarios e incluir otras cláusulas relativas a las condiciones de trabajo.

En ese contexto, la intención del empresariado nacional es recortar las facultades de la representación del Poder Ejecutivo, reivindicando el mecanismo bipartito como sucedía en el pasado.

Si se contemplara esta demanda, el gobierno sería una suerte de actor pasivo, renunciando a su derecho a mediar e interceder para lograr un acercamiento entre las partes.

Como es notorio, los Consejos de Salarios fueron creados por la Ley 10.449, que fue promulgada el 12 de noviembre de 1943, durante la presidencia del colorado Juan José de Amézaga.

En su artículo 1º, la norma estipula que el salario mínimo que se tendrá que negociar en dicho ámbito “deberá asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, morales e intelectuales”.

Asimismo, los artículos 5º y 6º de este marco legal de neto cuño batllista, establecen claramente que las negociaciones serán tripartitas y fijan los cometidos del Poder Ejecutivo.

Aunque la Ley de Negociación Colectiva sancionada y promulgada durante el ciclo progresista tiene un alcance mayor que el texto original, igualmente mantiene el espíritu que inspiró a los legisladores de la época.

El éxito de este sistema fue corroborado el año pasado, cuando, en un escenario de dificultades y virtual estancamiento de nuestra economía, los Consejos de Salarios lograron más de un 95% de acuerdos, con o sin intervención del gobierno.

Por supuesto, desde la reinstauración de la negociación hace más de una década, los salarios experimentaron un aumento de más del 50% en términos reales, lo cual impactó fuertemente en los bolsillos de los trabajadores e impulsó el crecimiento del PIB.

No obstante, las cámaras empresariales siguen exhibiendo posturas nostálgicas y añorando el retorno a los tiempos de los salarios congelados y la caída de consumo.

Como se recordará, durante los gobiernos de derecha, que en algunos casos coincidieron con ciclos de auge económico, los beneficios no impactaron positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y los pasivos, que siguieron rezagados.

Esa tendencia a la inequidad se acentuó en la década del noventa -en el marco de la ofensiva neoliberal- con una profundización del modelo concentrador.

El gobierno nacionalista encabezado por Luis Alberto Lacalle suspendió la convocatoria de los Consejos de Salarios, dejando el mercado de trabajo librado al mero juego de la oferta y de demanda. En ese contexto de desregulación y de precarización, el empresariado se apropió como nunca de la plusvalía.

Esa situación de grosera violación de la ley prosiguió durante los gobiernos de coalición blanqui-colorados encabezados por Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.

El gran capital añora el regreso a esos tiempos pretéritos y oscurantistas, en los cuales las relaciones laborales carecían de toda regulación estatal.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario República de Uruguay el 13 de junio de 2017.