Los grandes costes para las izquierdas gobernantes del olvido histórico al que han contribuido

Por: Vicenç Navarro.

Estamos viviendo en este periodo convulso de la vida política del país los costes que ha significado para la democracia española el olvido de la memoria histórica por parte de los distintos gobiernos de izquierdas que ha habido en España. La recuperación de tal memoria por parte de estos gobiernos se ha limitado predominantemente al cambio del nombre de las calles que homenajeaban a personas identificadas con el régimen dictatorial anterior (1939-1978), medida necesaria pero muy insuficiente para corregir la enorme tergiversación de la historia de España que se enseña en las escuelas españolas y que se reproduce en la gran mayoría de medios de información orales, escritos y televisivos del país. Esta tergiversación alimenta una visión de España heredada del régimen político anterior, que consiste en una España monárquica, uninacional y radial en la que el Estado central ve con malos ojos y reprime otras visiones de España, como la republicana, plurinacional y poliédrica, que frecuentemente es presentada como la “anti España”. La primera visión, la uninacional, monárquica y radial, persiste hoy en España, y ello a pesar de que, por fin, la sepultura de uno de los dictadores más represivos que haya habido en Europa parece que va a sacarse del Valle de los Caídos, al mismo tiempo que el partido heredero de la cultura franquista (el Partido Popular) está experimentando una crisis profunda.

¿Por qué la visión uninacional de España continúa? El enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español

Que esta visión de España haya continuado se debe al dominio que las fuerzas conservadoras que controlaron el Estado dictatorial tuvieron sobre el proceso de transición de la dictadura a la democracia, definido por el establishment político-mediático español como “modélico”. Tal definición asume que el producto de tal Transición modélica fue una democracia también modélica, homologable a la existente en cualquier otro país de la Europa Occidental. Sin embargo, lejos de ser modélica, la democracia española es muy limitada, como consecuencia de la enorme influencia que aquellas fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre el Estado central durante todo el periodo democrático. Y una característica de las enormes limitaciones de dicha democracia es que se haya seguido promoviendo una historia tergiversada y una visión de España como un país monárquico, uniancional y radial, promovida en los medios de reproducción de valores (desde el sistema educativo hasta los mayores medios de información y persuasión).

Las consecuencias del olvido histórico: no se percibe que las causas de los dos mayores problemas que existen en España (el problema social y el nacional) deriven del punto anterior

Este olvido histórico ha debilitado enormemente a las fuerzas republicanas, forzándolas incluso a redefinir el lenguaje, la narrativa y el relato de su proyecto. Como consecuencia de ello las izquierdas han abandonado, en general, las categorías analíticas, normativas ylos relatos que le eran propios, lo que ha dificultado mucho la comprensión de las causas políticas de los mayores problemas que existen en España: el problema social y el problema nacional (también llamado problema territorial).

El primer problema se evidencia por el gran retraso social de España. España tiene uno de los gastos públicos sociales (en sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, escuelas de infancia y guarderías, servicios domiciliarios y pensiones, entre otros servicios y transferencias públicos) per cápita más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE con un desarrollo económico similar al español. Y las condiciones del mercado de trabajo están entre las peores en esta comunidad política. El informe reciente del European Trade Union Institute “Bad Jobs’ recovery? European Job Quality Index 2005-2015” pone a España como uno de los países que trata peor a sus trabajadores (ver mi artículo “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”,Público, 25.02.18). Los datos del informe así lo muestran. Y la situación se ha deteriorado incluso más durante los últimos diez años, un periodo conocido como la Gran Recesión. Estos datos, por cierto, deberían estar en las portadas de los mayores medios de información, y no lo están.

Hay múltiples causas de esta realidad, pero en un lugar prominente está la enorme influencia que el establishment económico y financiero (los propietarios y gestores del gran capital) ha continuado teniendo sobre el Estado español. España es uno de los países de la UE-15 en el que las rentas derivadas del capital representan un porcentaje mayor del total de las rentas, y las rentas del trabajo un porcentaje menor. Es, por lo tanto, uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades de renta y de propiedad. Todo es resultado del hecho de que el Estado español actual no supuso una ruptura con el anterior, sino una apertura dentro de un marco heredado del régimen previo. El enorme conservadurismo de los aparatos del Estado es una consecuencia de ello.

Otra consecuencia: la demonización y/o olvido de la República

El olvido de la historia real del país explica que se perpetúe la tergiversada visión de la República y de lo que fue la llamada Guerra Civil. Se oculta, así, que la República significó un intento de cambiar la correlación de fuerzas políticas dentro del Estado español, produciendo toda una serie de reformas (las reformas agrarias, la introducción de la escuela pública, el establecimiento de la Seguridad Social, el empoderamiento de los sindicatos, el aborto, el divorcio, el voto de las mujeres, entre muchas otras reformas progresistas) que afectaron a los intereses de los principales grupos de poder –desde la banca hasta la Iglesia y al Ejército, pasando también por los terratenientes y grandes empresarios-, los cuales dieron un golpe militar (apoyados por el régimen nazi alemán y el fascista italiano, sin cuyo apoyo no hubiera sido exitoso) que estableció una de las dictaduras más sangrientas que hayan existido en este continente (por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco perpetró 10.000). Nada de esto es conocido por la gran mayoría de la juventud de este país, como resultado del olvido de la memoria histórica. En realidad, la tergiversada historia es la que continúa enseñándose. De ahí que las causas del enorme subdesarrollo social del país –que se encuentran en el enorme dominio que los principales intereses económicos y financieros, así como los sectores sociales más pudientes, continúan teniendo sobre el Estado central español, heredero del anterior- no sean conocidas por la juventud del país, que no relacionan el presente con el pasado de su país. Esta ignorancia y desconocimiento debilitan enormemente su capacidad transformadora.

Las causas de la no resolución del problema nacional

La misma correlación de fuerzas dentro del Estado inmodélico, causa del enorme retraso social de España, es la responsable también de las tensiones interterritoriales que han alcanzado un nivel no visto antes durante el periodo democrático. El Estado borbónico no admite la plurinacionalidad de España. Habiendo impuesto la visión monárquica-borbónica, uninacional y radical de España, no tolera el reconocimiento y redefinición del Estado, y considera la visión plurinacional –que caracterizó la visión republicana- como la anti-España. “La unidad de España” es el eslogan de tal visión. Hoy, las voces a favor de la plurinacionalidad son marginadas en el debate nacional. Y esta intolerancia está estimulando el crecimiento de los movimientos favorables en Catalunya a la secesión.

La definición del régimen dictatorial como “franquista”

La continuación de la enorme influencia de las fuerzas herederas del régimen dictatorial español sobre el Estado español y sobre las instituciones reproductoras de valores en España (incluyendo la Iglesia y la Academia) explica también que tal régimen sea conocido como “franquista”, siendo presentado así como un régimen autoritario caudillista, semejante a muchas de las dictaduras latinoamericanas que periódicamente interrumpieron los sistemas democráticos de aquellos países. Una figura académica (procedente de una familia fascista) que tuvo un papel fundamental en la promoción de esta visión fue el profesor Juan Linz, que reconoció el carácter autoritario del régimen español, negándole, sin embargo, cualquier carácter totalitario, es decir, portador de una ideología totalizante que afectara todas las dimensiones de la sociedad e invadiera todas las estructuras de valores del ser humano, como lo era, por ejemplo, el comunismo. De ahí que sea definido en el relato dominante como franquismo, que quiere decir caudillismo autoritario sin deseo de imponer una ideología totalizante.

Pero todo el que haya vivido aquella dictadura puede dar testimonio del carácter profundamente totalitario de aquel régimen, el cual promovía e imponía una ideología que abarcaba todas las dimensiones del ser humano (desde el lenguaje hasta cómo practicar el sexo). El nacionalismo extremo de carácter imperialista (con el uso del águila del imperio como uno de sus símbolos) basado en una supuesta superioridad étnica, racial y cultural (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), que negaba la existencia de clases sociales y el conflicto entre ellas (mediante los sindicatos verticales) a la vez que exigía la supeditación de los intereses de la clase trabajadora a los intereses del Estado, controlado por los intereses financieros y económicos que el régimen defendía, eran, todos ellos, características del fascismo. No es casualidad que en el Valle de los Caídos esté la sepultura del dictador, acompañada de la sepultura del fundador de la Falange, el partido fascista (que así fue definido por su fundador). De ahí que aquel régimen sea conocido internacionalmente como un régimen fascista (ver mi artículo “Franquismo o fascismo”, Público, 09.07.13), y que sea España el único país en el que el régimen dictatorial es definido como franquista. De la misma manera que no se llama régimen mussoliniano al régimen fascista italiano, o régimen hitleriano al régimen nazi, tampoco se debería llamar régimen franquista al régimen fascista español.

Naturalmente que tal ideología fascista también tenía un componente religioso importante, lo que explica, pero no justifica, que fuera llamada también nacionalcatolicismo, resaltando el maridaje entre el fascismo y el profundamente reaccionario y conservador catolicismo español, promovido por la Iglesia católica, que era parte de aquel Estado. Y lo era porque los sacerdotes estaban pagados por el Estado y los obispos eran nombrados por el dictador. Decir, como se dice con frecuencia, que la Iglesia “apoyó al régimen” es atribuirle una independencia y autonomía que no tenía. La Iglesia era parte del aparato del Estado fascista. Sin ir más lejos, la Iglesia utilizaba el saludo fascista en sus ceremonias y el dictador entraba en las iglesias bajo palio. Pero tal maridaje no debe ocultar el carácter fascista del régimen, al que hay que definir como tal, tal como se hace a nivel internacional. Cuando el diario New York Times (durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996) escribió la nota biográfica del Sr. Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Internacional, lo describió como “delegado de Deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. Repito, fuera de España casi nadie define aquel régimen como franquista.

La complicidad entre la Monarquía y el fascismo

El Estado monárquico es un Estado producto de un golpe militar en el que desde el principio estuvieron entrelazados los dirigentes golpistas con la Monarquía, de tal manera que José Antonio Primo de Rivera fue nombrado duque (a título póstumo), Queipo de Llano marqués y Carrero Blanco duque (también a título póstumo), y así un largo etcétera. También la familia del dictador pasó a ser parte de la aristocracia, siendo el caso más conocido el de la esposa del dictador, Carmen Polo y Martínez-Valdés, que fue nombrada señora de Meirás. Y este entrelazamiento continuó en la época llamada democrática, de manera que el ministro de Justicia del Partido Popular,el partido heredero de las fuerzas que dominaron los aparatos del Estado dictatorial, guardianas de la cultura franquista a través de este ministro, Rafael Catalá, nombró a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador, heredera del ducado de Franco. Tal complicidad entre la monarquía, la aristocracia y el Estado caracterizó al régimen dictatorial y al actual.

La batalla de los símbolos y la falta de ellos para las izquierdas: la bandera de la España progresista es la republicana, no la borbónica

 El resultado del olvido histórico es que, al abandonar la memoria histórica y la necesaria corrección de la tergiversación histórica de España (y de Catalunya), las izquierdas gobernantes han aceptado los símbolos del Estado borbónico como los símbolos de España, de manera que hoy están desnudos de símbolos que muestren posibles alternativas a este Estado. Esta situación es muy clara en Catalunya, donde hubo una cultura republicana amplia y extendida, y en donde las izquierdas fueron, durante la II República, las dirigentes en el desarrollo de esta otra España plurinacional, alternativa a la uninacional borbónica. De ahí que sea dificilísimo para las izquierdas catalanas identificarse con la bandera borbónica. Las fuerzas represivas fascistas llevaron a cabo una brutal represión contra las clases populares (como ocurrió en el resto de España) y contra la cultura catalana bajo los símbolos borbónicos (la bandera borbónica y el himno de la Marcha Real). Así, las tropas fascistas que ocuparon Catalunya lo hicieron bajo dicha bandera borbónica y con los tonos del dicho himno. Y la oposición a estos golpistas y a sus símbolos provino en Catalunya del gobierno republicano de la Generalitat de Catalunya, que enarbolaba en sus actos la senyera –la bandera catalana- y también la bandera republicana. Este era el símbolo de las fuerzas democráticas. El presidente Companys, uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares (no solo en Catalunya sino también en España, habiendo sido director de una revista conocida como Nueva España), presidió frecuentemente sus actos con la bandera catalana y la republicana española.

Al haber abandonado tales símbolos hoy las izquierdas españolas (y catalanas no secesionistas) están faltadas de símbolos. Y ahí está el grave problema, que el sentimiento de ser español, además de catalán, tiene hoy como símbolo la bandera borbónica, lo cual es enormemente difícil de aceptar emocionalmente. Y ahí están los costes del olvido histórico. En su día Gramsci ya indicó que el que controla las banderas controla todo lo demás. Una fuerza política que abandone su pasado y el reconocimiento de sus antecesores y de sus raíces es débil por definición. En realidad, es un símbolo de tal debilidad que las izquierdas no enarbolen la bandera republicana. Hoy, dicha bandera es perseguida y temida por la estructura de poder del Estado español. Otro síntoma de debilidad es que las izquierdas apenas canten cuando se reúnen, pues incluso se han olvidado de las luchas y de los cánticos que sus antecesores vivieron y crearon en la larga lucha para conseguir la fraternidad, la libertad y la solidaridad de los pueblos y naciones de España.

Ni que decir tiene que el cerrarse en sus respectivas memorias puede ser también contraproducente, aislándolas del resto de la sociedad. Esto ocurrió en parte con el Partido Comunista de España (PCE), que habiendo sido la fuerza que lideró la resistencia antifascista, continuó con una cultura cerrada en sí misma que desgraciadamente lo aisló del conjunto social. Pero en España las izquierdas han llegado al otro extremo, y ese olvido de su memoria está teniendo un enorme coste. De ahí que en un momento de profunda crisis del Estado español y pérdida de apoyo popular de la Monarquía sea importante y urgente que se corrija la historia de este país, mostrando que las fuerzas progresistas siempre diseñaron alternativas al Estado borbónico –causa del retraso social y de la no resolución del llamado problema territorial–, estableciendo el Estado republicano que siempre mostró mayor vocación democrática, mayor sensibilidad social, y mayor ansia de justicia y solidaridad que el Estado al cual sustituyó.

De ahí el gran temor de la estructura del Estado borbónico a que los partidos políticos que lucharon contra el Estado dictatorial borbónico se aliaran recientemente en su estrategia para terminar con el gobierno del PP, los herederos del “franquismo”. Esta alianza debería ser esencial para permitir los cambios en el Estado que faciliten el establecimiento de la democracia (todavía hoy muy limitada) y del bienestar de la población (todavía hoy muy insuficiente) que el Estado monárquico ha obstaculizado para evitar su realización. Se inicia con ello un periodo en la historia de este país, que ha sido causado por las grandes movilizaciones que han tenido lugar a lo largo del territorio español (que se habían iniciado ya con el 15-M), para estimular ese cambio profundo que permita una transición mayor de la que ocurrió en el 78. Hoy las encuestas muestran un crecimiento del deseo popular de cambio del régimen del 78, en el que el Estado borbónico es cada día más cuestionado.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario Público el 18 de julio de 2018.