Renta Básica Universal: ¿adelanto o regresión para las mujeres?

Por: Isabel Villar.

ESCUELA DE GOBIERNO DEL PARLAMENTO PROPICIÓ QUE SE REANUDARA LA DISCUSIÓN.

La idea de una Renta Básica Universal se discute en el mundo y Uruguay está incluído. El debate en general está centrado en cuestiones económicas, de oportunidad y posibilidad. Menos se habla de que debe ser contemplada desde la perspectiva de género, para evaluar su potencialidad para transformar la situación social de las mujeres y analizar su compatibilidad con otras políticas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

En un foro realizado recientemente en Montevideo sobre el tema, organizado por la Escuela de Gobierno del Parlamento, una de las mesas se ocupó específicamente del tema, sin perjuicio de otros aportes.

Se entiende por Renta Básica Universal (RBU), en sentido amplio, un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva. Análogo con el derecho ciudadano al sufragio universal, no impone condiciones adicionales a ciudadanía.

El programa del Frente Amplio contempla la Renta Básica Universal desde 2004. Se discutió en un seminario organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2008 y en 2017 la Escuela de Gobierno del Parlamento, que preside la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lilián Galán, organizó un Foro a su respecto.

La idea no es una novedad. Por citar solo algunos de los antecedentes, ya estaba presente en la sociedad ateniense como condición para la democracia.  Thomas Paine la propuso en su publicación sobre Justicia Agraria y en 1995 hizo lo propio Philip Von Parade en el entendido de que se trataba de un elemento de creación de ciudadanía porque da libertad y es justa.

Opiniones generales

El sociólogo Christian Mirza informó en el reciente foro, que son pocas las experiencias prácticas: la de Alaska basada en la renta del petróleo y una experiencia acotada a los desempleados de Holanda que recién empieza, son algunas de ellas.

Se argumenta a favor de la RBU  que asegura la existencia material de las personas, cosa que no hacen ni el trabajo remunerado ni tampoco las transferencias o la protección social. También permitiría más libertad para desarrollar intereses personales, recreación, creación, educación, participación. Es una simplificación de las transferencias monetarias, disminuye las burocracias sobrefocalizadas y permite reorientar a los técnicos; todos los ciudadanos y ciudadanas tendrían derecho a recibirla por el mero hecho de serlo. Un enfoque ultraliberal la propugna como un elemento de bienestar en el mercado, que permitiría que no disminuya el consumo al desaparecer empleos; desde la izquierda española y brasilera se la plantea como instrumento dentro los parámetros del Sistema de Protección Social.

Para Mirza, las objeciones a la RBH son culturales, ya que a su juicio no hay impedimento fiscal: se alega que puede haber una fuga del mercado laboral, tentación al ocio y obstáculos a la movilidad social. La reducción del clientelismo y la transparencia de las políticas sociales serían argumentos a favor.

El diputado Pacha Sánchez (MPP), afirma que  “Tenemos la responsabilidad de evitar que la gente se muera de hambre y erradicar definitivamente la pobreza medida por ingreso. Hay que discutir la RBU con las políticas fiscales para captar la riqueza concentrada“. Aclara que no sirve una renta elemental que no cubra la línea de pobreza, por lo cual su costo es importante. Cree que habría que pensarla por lo menos para los menores de 18 años y las jefas de hogar.

El licenciado en Economía Gonzalo Sala, coincide en que la RBU debería estudiarse en conjunto con los instrumentos fiscales e impositivos, y tendría que servir para redistribuir tanto la riqueza como el poder.

El sociólogo Juan Pablo Labat, director nacional de Evaluación y Monitoreo (Dinem) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), recuerda que “Todas las personas tienen derechos inherentes a una vida digna y decente, pero las desigualdades no les periten ejercerlos“  y propone analizar en primer término cuales son las necesidades básicas. “Hay un estereotipo generalizado que entiende que algunos estratos sociales no tienen derecho a la libertad. Este presupuesto sostiene que los que los que no pensaos así somos unos irresponsables. Sin embargo, no se ha demostrado que un ingreso de este tipo disminuya la participación en el mercado laboral. Sería interesante financiar una canasta básica alimentaria, pero debe ser un proceso, porque es imposible hacerlo sin acuerdo político´´,agrega.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, considera que el país debe estudiar el tema, pero aceptaría la RBU solo  si se trabaja. Para él, “el trabajo es la base de la dignidad del ser humano“ y no ve oportunas las tendencias a eliminarlo.

Por su parte, el economista Ignacio Munyo considera que la RBU es utópica y adelanta un futuro inquietante: “Se puede poner un impuesto a los robots, pero hay que resignarse que en esta nueva era de robotización van a haber ganadores y perdedores“.

La mesa de cierre del Foro, que estuvo integrada por Alvaro Padrón, Pablo Alvarez, Nelson Villarreal, Rodrigo Arim y Mariela De Marco, asumió la pertinencia de discutir el tema para el mediano y largo plazo,  pensar en un cambio cultural en relación al trabajo que incluya el desafío de la innovación, diferenciar trabajo de empleo y definir que es bienestar.

Hablando de mujeres, luces y sombras

De la mano de Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides y Margarita Percovich, coordinadora de la organización no gubernamental Ciudadanías en Red (CIRE), llegó al foro el análisis  desde la perspectiva de género de las luces y sombras que la RBU presenta para las mujeres.

Partiendo de que la RBU tiene la ventaja de no ser una política focalizada – habitualmente estigmatizadas- y de que seguramente mejora el ingreso y simplifica la administración, recordaron que la responsabilidad del Estado no se agota en financiar sus mínimos, sino que también puede hacerse cargo de los estímulos y de la corrección de las desigualdades. No obstante,  las dos expositoras coincidieron en advertir que la RBU también puede reafirmar los roles de cuidado para las mujeres. O sea que, si bien puede propiciar oportunidades, también tiene riesgos para más de la mitad de la población: la femenina.

En otras mesas temáticas de la misma actividad se hizo incapié en que la RBU ampliaría la libertad de optar por mejores formas de vivir y a su vez ampliaría las posibilidades de negociación en el mercado laboral.

Evaluando las ventajas e inconvenientes de programas sociales universales o focalizados, Gonzalo Sala señala entre las primeras que la transferencia incondicional podría permitir que las mujeres retrasen su reinserción en el mercado laboral después de tener hijos. Pero justamente esta es una de las razones generadoras del techo de cristal que ellas padecen en sus carreras laborales o profesionales, dado que las entradas y salidas del mercado laboral perjudican sus posibilidades de ascender y también las de acceder a beneficios jubilatorios en el futuro.

Mazzotti y Percovich reafirmaron que “si no se diseña la RBU tomando en cuenta las desigualdades de género, simplemente las va a reproducir. El mercado de trabajo sigue segmentado aunque las mujeres tienen más formación que los hombres; son menos las mujeres en ramas de la ciencia y la tecnología que son las que agregarán valor en un desarrollo a largo plazo“.

¿Qué es el trabajo?

Por otra parte, una discusión central es la de qué es el trabajo. Sin perjuicio de reconocer que en principio la asignación universal es una buena medida y congratularse de que se haya retomado el tema que desde 2008 había entrado en un “impasse“, el economista Daniel Olesker enfatiza en la necesidad de detenerse en este tema. En primer lugar enumera los problemas del trabajo en  Uruguay: aunque se atenuó desde el 2005, es cíclico porque acompaña el ciclo económico y cae rápidamente cuando éste desciende; es precario ya que tiene un porcentaje no cubierto por la seguridad social;  tiene una cobertura de riesgo, porque la pérdida está subprotegida.  Además, algunas poblaciones tienen problemas de empleo por edad, sexo, cercanía a la jubilación; el cambio tecnológico es acelerado, aunque las políticas públicas siempre permitieron nuevos empleos.

No escapa al economista lo que es fundamental para un análisis desde la perspectiva de género: hay una gran subvaloración del trabajo no remunerado y las que asumen la mayor cantidad –y hasta la exclusividad de él – son las mujeres. Ejemplifica la diferente consideración social de ambos con el ejemplo de la cocinera contratada y la esposa que cocina.

Olesker concluye que la RBU garantiza el ingreso fuera del mercado laboral; ayuda a la negociación colectiva porque cubre las necesidades básicas –“yo ya comí, ahora vengo a discutir mi salario“- y si bien reduce la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno (PBI), también reduce las desigualdades y la pobreza. Pero, “hay que estudiar el papel de la juventud y de las mujeres, porque se corre el riesgo de reforzar roles``,  precisa.

Roles tradicionales condicionan ventajas

El trabajo no remunerado todavía no se incluye en el Producto Bruto Interno (PBI) a pesar del enorme aporte en bienestar que deriva de las tareas domésticas y los cuidados, tradicionalmente a cargo de las mujeres.

La RBU puede brindar una mayor libertad para elegir otras actividades más creativas, pero solo si es suficientemente alta como para cubrir las necesidades básicas y también si se dispone  de educación suficiente parar imaginarse y poder concretar otras posibilidades, incluyendo el uso de las redes sociales para usar el tiempo en forma creativa y satisfactoria.

Puede asimismo ser una alternativa para mejorar en conocimientos en el caso de las mujeres con mayor formación, pero no para las que no tienen iniciativa. Si no hay políticas de promoción de actividades empoderadoras, puede volver a las mujeres más pasivas y aisladas.

En el caso de las más vulnerables, con menos poder social y en su entorno familiar, la asignación que reciban las mujeres puede ser aprovechada por los hombres en su propio beneficio.

Si la RBU fuera una realidad, ¿qué pasaría con la accesibilidad a la protección de la salud, a la educación, a la seguridad social en la vejez?  Olesker es terminante: “La RBU no puede sustituir al Estado de bienestar o sistema de protección social. No es “te doy plata y tú te pagas la salud, la educación, etc, y supone discusión de toda la política imponible“.

Mazzotti y Percovich concluyen: “Evidentemente la RBU sería un aporte a la disminución de la pobreza si ésta se sigue midiendo según los ingresos. Pero eso seguiría ocultando otras formas de vulnerabilidad y de fragilidad que no se cruzan generalmente“.

 

Riesgos de la desigualdad

Estefanía Rodríguez Santos, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Pablo de Olavide de España, e investigadora en el proyecto “Las prestaciones económicas de garantía de recursos de subsistencia`´, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de ese país, difundió una interesante síntesis de las virtudes y problemas que tendría la RBU para las mujeres.

Entre los segundos, advierte de “su carácter de política regresiva, como medida desincentivadora del acceso al empleo, atendiendo al hecho de que si (la mujer) ya asume gratuitamente las tareas domésticas, si se considera la renta como una contraprestación, preferirá mantenerse en la esfera privada“. Agrega que  ´´el acceso atrabajo se ha convertido para las mujeres no en un simple intercambio de trabajo/salario, sino una satisfacción personal, incluso una conquista social, que será difícil que en el siglo XXI sea truncada por una prestación económica mínima“.

Por otra parte, plantea la preocupación de que la RBU cuestione ´´las políticas específicas vigentes proyectadas para promover la igual de género en el empleo y la ocupación, desde los incentivos a la contratación hasta los mecanismos de flexibilidad interna promotores de la conciliación de la vida laboral y familiar“.

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Nota: Este articulo fue publicado en el Diario República de Uruguay el 30 de Julio de 2017.