Un siglo de derechos laborales constitucionalizados

Por: César Arese.

Tras la segunda guerra mundial, se estableció el concepto de los derechos humanos laborales. El alumbramiento producido en Querétaro, México, hace un siglo, obviamente no tiene retorno.

Tras la segunda guerra mundial, se estableció el concepto de los derechos humanos laborales. El alumbramiento producido en Querétaro, México, hace un siglo, obviamente no tiene retorno.

Hace un siglo se produjo un quiebre fundamental en la historia del derecho: la irrupción del derecho laboral al nivel de derechos fundamentales. Fueron los delegados constituyentes mejicanos los que, al redactar la Constitución Política de los Estados Unidos Mejicanos introdujeron en el artículo 123 un verdadero código del trabajo, y desde entonces se transformaron las ideas fundamentales acerca de derechos humanos consagrados en normas esenciales.

A partir de ese punto histórico, al ser puesta en vigencia esa constitución en febrero de 1917, los instrumentos fundamentales, sean de carácter nacional como internacional, contemplaron no sólo los derechos ciudadanos frente a los estados, como los relativos a igualdad y libertad personal; de pensamiento y expresión; de propiedad; de defensa o vida privada, es decir, los derechos humanos considerados de primera generación.

Se incorporó a la cultura jurídica la protección de los más desprotegidos socialmente, y entre ellos, naturalmente, los trabajadores en sus condiciones de desempeño dependiente; es decir, la libertad sindical, jornada limitada, salario mínimo, protección contra el despido, o condiciones y medio ambiente de trabajo satisfactorios.
Tan sólo dos años después se creó la Organización Interna­cional del Trabajo, mediante el Tratado de Paz de 1919, lo que ratificó y expandió a nivel mundial la necesidad de proteger a los trabajadores y sus organizaciones. La constitución alemana de 1919 continuó el proceso de constitucionalización de derechos sociales.

Consolidación
Sin embargo, el proceso se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Naciones Unidas y los sistemas regionales, como el interamericano y las reformas constitucionales de la mayoría de los países del mundo, reconocieron los derechos económicos sociales y culturales, junto a los de naturaleza política.

La Declaración Universal de Derechos del Hombre, de 1948, completó los derechos de las personas con los derechos de carácter laboral, individuales y colectivos, establecidos en su artículo 23. Por lo tanto, consolidó el concepto de derechos humanos laborales.

Por esa época, Argentina dejó de lado la decimonónica estructura individualista de la Constitución de 1853, para consagrar los “derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” en la Constitución de 1949.

Suprimida esta constitución por una proclama, emergió en 1957 el actual artículo 14 bis, que estableció los derechos básicos de los trabajadores en la Constitución Nacional. La reforma constitucional de 1994 confirmó su vigencia y lo enriqueció y profundizó con los derechos humanos laborales consagrados en normas internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.

Hoy resulta obvia la existencia, vigencia y exigibilidad de los derechos sociales. Eso sí, sometidas a los cambios de época. Los rumbos políticos mundiales y nacionales no parecen augurar una profundización de los derechos sociales y laborales. Se están desconociendo, por ejemplo, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, lo que fue denostado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva número 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Y se produjo un cierto freno a la producción normativa supranacional y nacional en materia de derechos laborales en la OIT.

No se piensa ni debaten, en el ámbito nacional, normas que continúen el proceso de reconocimiento de derechos sociales y laborales. Y algunos de ellos, como la estabilidad laboral, aparecen amenazados o relativizados.
Empero, el alumbramiento del nuevo derecho, producido en el teatro Iturbide de la pequeña ciudad de Querétaro por aquellos constituyentes revolucionarios de México, y el nuevo rumbo de ideas que abrió a nivel mundial, no tienen retorno. Sería retroceder otro siglo en derechos y enfrentar la propia condición ética y moral del ser humano.

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César Arese – Presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Córdoba; doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC).

Nota: Este artículo fue publicado en el Diario La Voz el 15 de febrero de 2017, con motivo del centenario de la Constitución mexicana de Querétaro.